El proyecto para construir un vertedero industrial en Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) levanta ampollas. La instalación es defendida por el consistorio de la localidad pero genera el rechazo unánime de casi la totalidad de los municipios vecinos. La Generalitat admite que la comarca ha dejado claro que “no quiere el vertedero” y trata de paralizar los trámites de la obra. La Diputación de Tarragona ha rechazado alinearse con el veto que defiende el Govern.
El basurero de residuos industriales de Riba-roja es un proyecto que acumula diez años de tramitación. Sin embargo, en los últimos meses ha recibido un empujón al concretar la empresa promotora, Urbaser, la compra de las 34 hectáreas de terreno sobre las que se debe desplegar la instalación, así como la solicitud del permiso de obras ante el Ayuntamiento. El alcalde, Antonio Suárez, se agarra al impacto económico del vertedero: 10 millones de euros de inversión, 240.000 euros de ingresos anuales para las arcas municipales y la creación de 14 puestos de trabajo. La planta, que procesaría 250.000 toneladas de residuos al año, se proyecta en un valle a ocho kilómetros del núcleo de Riba-roja y, defiende Suárez, otro beneficio sería que Urbaser asumiría el asfaltado del camino de acceso.
Los municipios vecinos a Riba-roja se oponen frontalmente al desarrollo de la planta de basuras. Aliados con entidades ecologistas y plataformas ciudadanas contrarias al proyecto, alegan que la comarca trata de virar su modelo económico hacia alternativas más sostenibles de lo que ha venido siendo tradicional, y que el vertedero dinamita la potenciación de actividades como el turismo rural.
La Ribera d’Ebre acumula la central nuclear de Ascó, los vertidos tóxicos en el lecho del río Ebro a su paso por Flix, fruto de la actividad de la química Ercros, y un vertedero en Tivissa. También el Consejo Comarcal de las Garrigues, en la provincia de Lleida, ha pedido al Departamento de Territorio y Sostenibilidad y a la Agencia Catalana de Residuos que paralicen “inmediatamente” el proyecto.
La Generalitat, según ha manifestado el consejero Damià Calvet, ha creado un grupo de trabajo jurídico para buscar “rendijas” legales que permitan “parar” y “sacar de la comarca” el vertedero.