La ofensiva contra el aborto de la Administración de Donald Trump se ha dado de bruces contra una barrera judicial. Un juez federal ha bloqueado temporalmente este jueves la llamada «norma mordaza» -como la bautizaron los críticos-, que busca prohibir que las clínicas de planificación familiar financiadas con fondos públicos deriven a sus pacientes a centros abortistas, aunque ellas lo soliciten, e incluso que les entreguen información sobre la posibilidad de abortar. Estaba previsto que la nueva política restrictiva entrara en vigor el próximo 3 de mayo. El juez federal Stanley Bastian de Yakima (este de Washington), escribió en la orden emitida que «la respuesta del Gobierno en este caso es desdeñosa, especulativa y no se basa en ninguna evidencia presentada en el expediente ante este tribunal».
La reforma, publicada el pasado 22 de febrero por el portal del Departamento de Salud y Servicios Humanos, afecta al Título X, un programa de planificación familiar financiado federalmente, que atiende anualmente a cerca de cuatro millones de mujeres de bajos recursos a través de clínicas independientes. En el detalle, la nueva normativa impide que los doctores informen a los pacientes sobre dónde podrían hacerse un aborto y ya no es un requisito que las clínicas aconsejen a las mujeres sobre todas las opciones reproductivas. Además, impone una separación física a los centros de salud que practican abortos. Esto podría incluir la obligación de que los edificios creen entradas y salidas independientes o que se vean obligados a cambiarse a otro sitio.
El juez Bastian emitió la orden de bloqueo después de escuchar los argumentos de ambas partes, para determinar que la reforma no responde al «interés público». Según la resolución, los demandantes habían presentado «argumentos razonables» de que se podían «sufrir daños irreparables» de no bloquearse su aplicación y demostraron que la nueva política «probablemente viola el propósito central del Título X, que es hacer igualitario el acceso a la planificación familiar amplia, fundamentada en evidencia y voluntaria”. La decisión «garantiza que las clínicas en todo el país puedan permanecer abiertas y continuar ofreciendo cuidados médicos de calidad e imparciales a las mujeres»,