En 2011, una pareja italiana sacó de Ucrania un bebé que no tenía vinculación genética con ninguno de los dos. El país del Este de Europa, convertido en uno de los destinos predilectos de los vientres de alquiler, abrió entonces una investigación, en la que acaba de entrar España, con la que han detectado más de un millar de posibles casos irregulares en Europa. Las pesquisas de Kiev se basan en posibles delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión de impuestos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará la posible ramificación española del caso, según ha comunicado este martes la Fiscalía General del Estado.
La investigación está centrada en la clínica Biotexcom, según ha podido confirmar este periódico de fuentes de la investigación. Es una empresa cuya base está Kiev y que opera con distintas sedes fuera. Entre ellas, una en España que anuncian en su propia web. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, remitió una denuncia a la Fiscalía General del Estado para pedir que se estudiaran las derivas del caso en España después de que Ucrania comunicara al Gobierno español a principios de agosto detalles de su investigación. Entre otros, la existencia de “más de mil casos en los que puede haber directa o indirectamente comisiones delictivas”, explica la ministra a este periódico. Es la primera vez que el ministerio solicita que se investigue judicialmente a agencias de vientres de alquiler.
“Hay que que impedir que
se juegue con los niños”
Ucrania es, junto con Estados Unidos, el destino principal de las familias españolas que acuden a los vientres de alquiler. También viajan a Canadá o a Georgia. Rondan el millar anual, según estimaciones de asociaciones de familias y agencias. Las Administraciones no dan datos oficiales.
Aunque es una práctica prohibida en España, una instrucción administrativa autoriza el registro de los bebés si existe una sentencia sobre la filiación en el país donde se ha llevado a cabo el proceso.