El secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, ha dado respuesta a las peticiones de medidas económicas y de liquidez que la patronal del sector de centros sanitarios privados (ASPE) ha hecho llegar al Gobierno, por la «brusca caida de ingresos» ante la disminución de la demanda, la desprogramación de toda su activida no urgente y la atención sanitaria a afectados de Covid-19 de manera desinteresada.
Según datos de ASPE, los ingresos del sector han descendido en promedio un 85 por ciento respecto a la situación previa a la publicación del decreto de alarma. El mayor deterioro se ha producido en los centros sanitarios con internamiento (460 hospitales asociados a ASPE, que representa al 80% del sector) que han estado y siguen estando en primera línea de lucha contra el coronavirus. El resto, clínicas y centros sin internamiento, si bien han sido considerados también esenciales, «mantienen servicios mínimos para atender urgencias y casos relevantes en términos de diagnóstico, pronóstico y tratamiento».
Sanidad considera que es «tarea prioritaria del Gobierno» estudiar las medidas fiscales y económicas, «entendiendo la urgencia que la falta de liquidez puede ocasionar, tanto en los balances de las empresas como en la calidad de los servicios que vienen prestando en el marco de esta situación de crisis».
Faustino añade que el Gobierno viene dictando medidas para minimizar el impacto económico en gran parte del tejido productivo y «los operadores del sector sanitario privado no pueden ser una excepción, ya que resultan estratégicos, mantienen un servicio de primer orden en la lucha contra la pandemia, con inversión en recursos y medios, y cuando sus profesionales, aún con riesgo para su propia seguridad, están en la primera línea de la atención a los pacientes».
Así, asegura que Sanidad «estudia aquellas medidas que permitan proporcionar un equilibrio entre los recursos del sector público y las necesidades de respuesta de los operadores del sector,