En 2013 la Comunidad de Madrid suscribió con Cruz Roja un convenio para externalizar la donación de sangre extrahospitalaria, hasta entonces gestionada directamente por el Centro de Transfusión. Como consecuencia, el Centro perdió parte de sus funciones públicas, 65 personas vieron afectados sus puestos de trabajo y la Comunidad comenzó a pagar a Cruz Roja 67 euros por bolsa de sangre. La medida se adoptó en un contexto de crisis económica y fiebre privatizadora –antes de la sangre, fueron los hospitales, la lavandería hospitalaria central, el euro por receta, etcétera-, en el convencimiento de que la colaboración del sector privado en la prestación de los servicios públicos es un mecanismo eficaz y eficiente, postulados que sólo pueden defenderse legítimamente exigiendo un respeto escrupuloso a las exigencias de transparencia y control previo y posterior.
Los resultados de esta externalización han sido decepcionantes: la Comunidad ha pagado 60 millones de euros a una entidad privada por algo que antes hacía directamente; y, a pesar del coste, ningún año se han alcanzado los objetivos. En total, la prestación externalizada ha generado un déficit de 120.000 unidades de sangre. Aunque rectificar es de sabios, cuando el error afecta a la gestión pública es de héroes, pues casi nadie y casi nunca se enmiendan decisiones que la realidad desacredita.
En 2013 un grupo de profesionales valientes agrupadas en la Asociación de Empleados del Cenro de Transfusión de Madrid decidió defender el modelo público de hemodonación –gratuita, anónima, altruista– y, con ello, la plenitud competencial del Centro de Transfusión y de sus puestos de trabajo. Cuestionaron la transparencia del proceso de elaboración del convenio; la existencia de justificación suficiente y real; la inependencia e imparcialidad de las autoridades administrativas que intervinieron en el procedimiento; la racionalidad económica y procedencia jurídica del precio por bolsa de sangre donada; la ineficacia e ineficiencia de mantener un convenio que incumple sistemáticamente sus presupuestos y objetivos… La Comunidad y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazaron la reclamación sin analizar las cuestiones de fondo,