Ha sucedido otra vez. A finales de enero, el Gobierno de Salta (extremo norte de Argentina) practicó una cesárea a una niña de 12 años violada que había pedido el aborto al que tenía derecho por ley. Ahora ha ocurrido lo mismo algo más al sur, en Tucumán. Una menor de 11 años abusada por la pareja de su abuela dio a luz a un bebé de 600 gramos tras insistir durante un mes a los médicos para que pusieran fin a la gestación. El Gobierno provincial desoyó el pedido de la niña y en la noche del martes, cuando cursaba 23 semanas de embarazo, la sometió a una cesárea en un hospital público. El bebé nacido pesa 600 gramos y sus posibilidades de supervivencia son mínimas.
La niña llegó junto con su madre al hospital Eva Perón de Tucumán el 29 de enero pasado. Dijo entonces que le dolía el estómago, pero en realidad cursaba un embarazo de 19 semanas. Contó que el novio de su abuela la había violado. Madre e hija pidieron la aplicación del artículo legal que, desde 1921, permite la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de menores violadas o cuando hay riesgo para la madre. La ILE podría haberse aplicado en menos de 48 horas, pero distintas agrupaciones feministas denunciaron que la provincia dilató todo lo que pudo la decisión hasta que la salud de la menor hizo inevitable una cesárea.
El secretario de Salud de Tucumán, Gustavo Vigliocco, dijo a medios argentinos que durante el proceso mantuvo “una cercanía con la niña y su madre”. “La niña quiere continuar con su embarazo”, aseguró, “consideramos los riesgos pero ella es grande de contextura, tiene más de 50 kilos”. Sin embargo, la declaración judicial de la menor, difundida por el diario Página 12, contradice al funcionario. Atendida por una psicóloga en el hospital, la víctima fue clara en su deseo de abortar. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, dijo, sin conciencia real de qué era lo que le pasaba a su cuerpo.