La farmacéutica Novartis ha decidido recurrir a los tribunales para evitar que el Ministerio de Sanidad haga públicos los criterios económicos y clínicos que el pasado noviembre le llevaron a aprobar la financiación pública del Kymriah. Este fármaco es la primera de las llamadas terapias CAR-T —células T con receptores de antígenos quiméricos— aprobada en España y está indicada para un tipo de leucemia linfoblástica aguda y otro de linfoma. El coste por tratamiento asciende a 320.000 euros.
La decisión de la compañía llega después de que el Consejo de Transparencia decidiera que «esta información debe estar disponible porque es de interés público», ha comunicado esta mañana la plataforma No Es Sano, formada por media docena de entidades y que busca la transparencia en la actividad de las Administraciones relacionada con el precio de los medicamentos. Estas entidades son asociaciones de consumidores como OCU y CECU y la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), ente otras.
La polémica con el Kymriah se remonta al pasado noviembre, cuando en una primera reunión la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos rechazó dar luz verde a la financiación pública del fármaco. Esta decisión, sin embargo, cambió dos semanas más tarde. La razón fue, según Sanidad, que la compañía accedió a que la financiación del fármaco entrara dentro del nuevo modelo denominado «pago por resultados», por los que las farmacéuticas ingresan la totalidad del precio de venta si sus productos cumplen con lo establecido en los ensayos clínicos.
En este caso, según fuentes sanitarias, el acuerdo contempla un primer pago que ronda los 180.000 euros y un segundo por el resto que se valorará transcurridos 18 meses. El pago por resultados, al estar vinculado a los ensayos clínicos y no a la supervivencia del paciente, requiere nuevas fórmulas que permitan hacer un seguimiento y registro de cada uso del fármaco y la evolución de los pacientes, reto que debe cumplir Valtermed, un nuevo sistema de evaluación que echará a andar el próximo 4 de noviembre.
La plataforma No Es Sano realizó a través del portal de transparencia una petición a Sanidad el pasado diciembre para conocer «el precio y los criterios terapéuticos y económicos que justificaban su aprobación»,