El llamado veto parental, una de las propuestas estrella de Vox asumida por PP y Ciudadanos en la Región de Murcia, permite a los padres impedir la asistencia de sus hijos a sesiones con expertos y científicos sobre materias como los beneficios de las vacunas, las enfermedades venéreas o el cambio climático, entre muchas otras. Así lo confirmaron ayer las principales asociaciones de docentes de la comunidad.
“El objetivo de Vox eran los temas de género o de afectividad sexual, pero la norma es tan genérica que permite acogerse a ella para cualquier cosa”, lamenta Raimundo de los Reyes, presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Secundaria. “Las instrucciones de Educación no especifican y cualquier materia es susceptible de ser vetada por los padres”, añade Mariola Sanz, presidenta de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de Murcia.
De los Reyes destaca la “pérdida que supone para el alumno no ir a una charla de un médico sobre enfermedades infecciosas” en el caso de padres antivacunas o “de un científico que hable sobre el cambio climático” si los progenitores defienden posiciones negacionistas.
Las instrucciones remitidas en septiembre por la Consejería de Educación de Murcia obligan a los centros a obtener el permiso de los padres para que sus hijos asistan a las actividades impartidas en horario lectivo por personas ajenas a los centros, hasta ahora obligatorias.
Joan Ramón Villalbí, vocal de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, considera que “este tipo de autorizaciones acaban conviertiéndose en un obstáculo para acceder a la formación”. “La práctica demuestra que, más allá de los padres hostiles a determinadas materias, la dinámica de estos trámites hace que un porcentaje de personas acabe por no cumplirlos. Por las razones que sea, a veces un simple olvido”, añade. Villalbí lamenta que esto dificulte la formación en temas como, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual a una edad en la que resulta muy importante.
Educación, por su parte, recuerda que son los centros los que deciden el contenido de estas actividades y que en estos casos están obligados a adoptar “las medidas organizativas necesarias para que se asegure la atención del alumnado”.