La ley de eutanasia llega este próximo martes al pleno del Congreso de los Diputados. Será la tercera ocasión en 20 meses que el texto será tomado en consideración y, como en las dos anteriores, recibirá un amplio apoyo desde la bancada. Sin elecciones ni fines abruptos de legislatura en el horizonte, quienes apoyan la nueva norma comparten la ilusión de que “esta vez sí” se reconozca a los españoles el derecho a una muerte digna. Pero tampoco ocultan una frustración: “La gente para la que no hemos llegado a tiempo, a los que no hemos podido ayudar”, en palabras de la diputada socialista y exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo.
Gente como Antoni Monguilod, enfermo de párkinson fallecido el pasado mes de octubre tras años clamando por “dejar de sufrir” desde un lejano diagnóstico hecho en 2007. O como María José Carrasco, a la que su marido, Ángel Hernández, dio una dosis letal de pentotal sódico en abril tras una existencia consumida por la esclerosis múltiple. “No le perdono a nadie que muera gente sufriendo”, exclamó tras autoinculparse por la muerte de la mujer a cuyos cuidados ha entregado los últimos años de vida.
“Esta vez parece que sí, 2020 es el año”, se repite, aún con un deje de desconfianza en la voz, Fernando Marín, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, la entidad que durante las últimas décadas ha luchado con más ahínco para que la nueva ley sea una realidad. “Tenemos mucho trabajo por delante, pero nos alegramos de que los trámites empiecen ya”, afirman desde el grupo de Unidas Podemos y sus confluencias. “Cuanto antes nos pongamos a ello, mejor”, sigue Joseba Agirretxea (PNV). “Se lo debemos a los que han luchado por esta ley y, sobre todo, a los que la necesitan”, añade Sergi Miquel (JxCat). “No podemos dejar por más tiempo a la gente sufriendo”, se suma Carolina Telechea (ERC).
Incluso Ciudadanos, cuyo papel fue muy criticado durante el primer gobierno de Pedro Sánchez por su ambigüedad sobre la norma —votó a favor en su toma en consideración,