Hace algo más de una semana, al bebé de Daiane le apareció un bulto al lado del oído. Ella se asustó y decidió llevarlo a urgencias. Lo que más cerca le quedaba en aquel momento era la Fundación Jiménez Díaz, donde, además, había dado a luz hacía nueve meses. Cuando llegó, le explicó a quien estaba en el mostrador lo que ocurría. Y lo repite ahora, al teléfono: “El bebé no tiene tarjeta sanitaria por lo lentos que son los trámites, pero tiene DNI y además nació en ese mismo hospital”. Fue entonces cuando esa misma persona de la entrada por Urgencias le pidió 300 euros. “Me dijeron que la consulta me iba a costar eso… ¡300 euros! Me puse furiosa, la verdad. No entendía cómo podía estar pasando”, cuenta la mujer, brasileña, en España desde hace 12 años, con la residencia permanente y contrato de trabajo.
Con o sin tarjeta, la sanidad española está obligada a atender en urgencias. “Y es un bebé”, insiste Daiane, que decidió irse al Clínico San Carlos, a 350 metros de la Fundación. Allí no encontró problemas: “Les dije lo que acababa de suceder y no daban crédito”. En la Fundación, alegan, no tienen «ningún caso así registrado en las dos últimas semanas» y, además, añaden, «es muy raro»: «Eso no puede ocurrir». Con eso están de acuerdo desde la Consejería de Sanidad, que aseguran que no hay ningún protocolo por el que el centro pueda negarse a atender al bebé. Pero sucedió. Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública apunta que “no hay excusas”. «Le estaban intentando cobrar como una privada. Pero no, el niño tiene derecho a atención sanitaria. Si además nació allí su historial tiene que estar en su sistema. No hay ninguna condición con estas circunstancias para que esa mujer tuviese que pagar».
Explica lo mismo Nacho Revuelta, de Yo Sí Sanidad Universal, una plataforma nacida en 2012 para ayudar a los migrantes sin cobertura médica después de que en abril de aquel mismo año el Gobierno de Mariano Rajoy,