Juzgados ordinarios de diferentes provincias han abierto ya 22 causas penales tras apreciar indicios de delito en las denuncias presentadas por la muerte de ancianos en residencias geriátricas. En la Comunidad de Madrid existen seis procedimientos en marcha, en Castilla y León cinco, en Cataluña y Murcia tres, en Castilla-La Mancha dos y una causa en Extremadura, Galicia y Aragón.
Los datos fueron facilitados este martes por la Fiscalía General del Estado, que por su parte tiene en marcha 166 diligencias penales por denuncias de asociaciones, sindicatos, partidos políticos o particulares. La semana pasada eran 140 diligencias y hace dos semanas, 134, por lo que siguen creciendo las pesquisas de las fiscalías provinciales en todo el país. Si tras concluir la instrucción los acusadores públicos aprecian indicios de delito remitirían las pertinentes querellas a los juzgados territoriales correspondientes.
Fuentes jurídicas precisaron que se investigan conductas que pueden encajar en tipos penales como homicidio imprudente, abandono de personas incapaces o maltrato. Se sabe que solo el Defensor del Paciente ha presentado más de 200 denuncias por fallecimientos de mayores en residencias, en las que piden investigar si se ha podido cometer un delito de omisión del deber de auxilio, entre otros. Se trata de personas que no han sido derivadas a hospitales, no se les hizo la prueba, no se les facilitó asistencia sanitaria y tampoco se permitió a sus familiares que se los llevasen a casa.
De las 166 investigaciones penales actualmente en trámite y contabilizadas por la Fiscalía casi la mitad (79) se encuentran en la Comunidad de Madrid, seguida de lejos por Cataluña (30), Castilla y León (17), Castilla-La Mancha (16) y Galicia (12). Por su parte, a la cola se encuentran seis comunidades (Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Navarra y el País Vasco), que no tienen a día de hoy abierta ninguna diligencia penal, alguna de ellas porque han sido archivadas por ausencia de delito.