La investigación judicial del caso amianto de Metro de Madrid ha comenzado. Tras varios retrasos, la instrucción ha arrancado este jueves con la declaración de los afectados: trabajadores, extrabajadores y familiares de los ya fallecidos debido a la exposición al amianto. El mortífero material ha envenenado por el momento a siete empleados; cuatro de ellos han muerto. “Queremos que se haga justicia y que Metro, una empresa pública, asuma su responsabilidad”, ha explicado Juan Carlos de la Cruz, secretario de CC OO en el suburbano. De la Cruz ha explicado que “quedó demostrado, en la Comisión de la Asamblea de Madrid así como en la investigación policial y judicial, que [Metro] nos han estado ocultado la exposición al amianto durante muchos años de nuestra vida laboral”.

Durante al menos dos décadas, desde 1992, Metro ocultó a sus trabajadores que manipulaban un material tan peligroso como el asbesto. Hay pruebas de que en esa época, la compañía ya conocía los riesgos asociados al mismo. Una década después, en 2003, Metro realizó un mapeado para identificar la presencia de amianto en su red. Tampoco dijo nada. No informó a los trabajadores; tampoco les protegió. No fue hasta 2017, un año después de que se le reconociese a un operario la asbestosis (enfermedad laboral originada en la exposición al asbesto). Por ello -y contando las conclusiones de la comisión de la Asamblea de Madrid, que el año pasado investigó el asunto-, se inició la causa judicial. La Fiscalía denunció a siete responsables de Metro, del departamento de Salud y Prevención de Riesgos, por delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones por imprudencia.

“Basta de alargar el sufrimiento de las víctimas”, reclamó Sol Sánchez, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, que acudió a la concentración convocada por los trabajadores a las puertas del juzgado de plaza de Castilla como muestra de apoyo a los testigos. Sánchez hacía referencia a la estrategia de Metro de retrasar lo máximo posible el juicio o el reconocimiento de la enfermedad a los trabajadores.

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