El personal de las residencias de ancianos está haciendo frente a la pandemia del coronavirus a pecho descubierto. La penuria de medios es tal que no hay test de detección rápida ni equipos de protección individual ni mascarillas. Y en caso de existan estas últimas, se desinfectan y reutilizan.
Los empleados de los centros geriátricos están expuestos al contagio sin apenas medios. Y lo peor de todo es que tienen que apencar con la incomprensión de buena parte de la población. Desde que la Unidad Militar de Emergencias (UME) detectó cadáveres en algunas residencias que no habían sido retirados, la sociedad las ha tomado por culpables y hecho pagar a justos por pecadores.
Para Rosa Cuadrado, secretaria general de la Federación de Sanidad de CC OO Madrid, las residencias privadas y concertadas de la Comunidad de Madrid «deberían haberse convertido en una prioridad para contener urgentemente la expansión del COVID-19 en un colectivo especialmente vulnerable como es el de las personas mayores y dependientes». Cuadrado denuncia que la falta de equipos de protección y de seguridad coloca a las plantillas de estos centros en riesgo grave y convierte a los trabajadores en un vehículo transmisor del virus. «Las bajas de las personas contagiadas y de las trabajadoras aisladas no se reponen. Además el agotamiento físico y mental de los trabadores es extremo». Rosa Cuadrado afirma que la incompetencia demostrada por algunas residencias privadas y concertadas es lo que ha obligado al Ejército a intervenir.
En efecto, la Unidad Militar de Emergencias (UME) tomó el martes el control directo de las residencias de la tercera edad, desbordadas por los casos de coronavirus. El Ministerio de Sanidad, a instancias de la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Pablo Iglesias, publicó una instrucción en la que dispone que todos los centros residenciales informen para que se les auxilie con la cooperación del Ejército.
Pruebas médicas
Debido a esta falta de test y PCR,