La Unión Europea renovó en 2017 la autorización para el glifosato, el herbicida más usado en el mundo. Lo hizo dividida —18 países votaron a favor y 9, con Francia a la cabeza, en contra— y por cinco años, en lugar de los 15 habituales. Dos señales del intenso debate que rodea a esta sustancia, acrecentado ahora por la sentencia que obliga a Monsanto a indemnizar con más de 1.800 millones de euros a un matrimonio de Estados Unidos que enfermó de cáncer tras utilizar un producto basado en el glifosato. Miquel Porta, investigador del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) se muestra cauto en un asunto “propicio a posiciones conspiranoicas”, pero en el que “una cierta opacidad de las agencias de la UE que deben velar por la salud ha despertado recelos en el tema Monsanto”.
Pregunta. ¿Por qué está tan enconado el debate del glifosato?
Respuesta. Hay muchos intereses y recelos, más o menos justificados. Pero la clave ha sido que los organismos de los que se espera que nos digan si algo es seguro o no mantienen discrepancias.
P. ¿Cuáles?
R. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS (IARC, por sus siglas en inglés) lo incluyó en 2015 en su lista de sustancias que probablemente causan cáncer, la 2A. Mientras, las agencias europeas y americanas insisten en su seguridad.
P. ¿Y cómo es esto posible?
R. La discrepancia es algo habitual, inherente, en la ciencia. Se investigan, revisan y confrontan cosas constantemente. Dicho esto, estoy algo perplejo por cómo se han llevado a cabo las cosas. Si el IARC decidió incluir el glifosato en la 2A fue porque tuvo en cuenta estudios de su impacto sobre la salud de humanos y animales que han sido desdeñados por agencias como la EFSA (la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) y la ECHA (de productos químicos).
P. ¿Por qué?
R. Eso es lo que no se ha explicado bien y ha encrespado posiciones.