La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que agrupa a 1.300 entidades, denuncia que las aseguradoras británicas comercializan pólizas de seguro de viaje fraudulentas. Estas compañías ofrecen a sus clientes cubrir servicios que la Tarjeta Sanitaria europea ya contempla y que acaban pagando los contribuyentes británicos después de que el Sistema Nacional de Salud Español le pase la factura al Reino Unido. «Estas empresas están cobrando por una asistencia que no están prestando», ha explicado David Medina, miembro de la junta directiva de ASPE, este lunes. Además, la patronal se queja de que tiene que asumir gastos de pacientes que acuden a sus centros creyendo que están cubiertos. «Si tienen una urgencia grave, hay que atenderlos hasta estabilizarlos, al menos. Tenemos que correr con esos gastos y luego es muy difícil reclamar ese dinero», ha afirmado Carlos Rus, secretario general de ASPE.
Los responsables de esta patronal han informado de que han detectado hasta 15 empresas británicas que realizan estas prácticas: Travelinsurance4medical.co.uk, Insurefor.com, Ok To Travel, Insure Pink, Staysure, Suretravel Citybond, Covered 2 Go, Good to Go, All Clear Traveler, Alpha Travel, ERV Medi-Care, Leisurecare Multi-traveller X5, World First Traveller y Get going Travel Insurance. ASPE denunció ante la autoridad británica competente, la FCA (Financial Conduct Authority), sobre estas irregularidades en 2016.
Según estimaciones de ASPE, estos seguros fraudulentos podrían suponer una pérdidas para el sector de 75 a 100 millones de euros al año. Esta organización médica afirma que estas empresas aseguran a pacientes con enfermedades preexistentes por un importe menor del que supone la cobertura a una persona de este tipo. «Es un gancho para que se contraten estas pólizas», ha dicho Medina. Los seguros que venden estas empresas pueden costar entre 33 y 133 euros, según los servicios que se contraten. Hasta 800 pacientes al día acuden de media a centros privados con este tipo de seguros y atenderlos tiene un coste medio de 4.000 euros, según cálculos y estimaciones propias de la patronal. «Estas situaciones se producen sobre todo en zonas turísticas como Baleares,