“Ha resultado imposible realizar este evento por razones de fuerza mayor. Las prioridades han sido: salud y seguridad”, decía Mats Granryd en la rueda de prensa en la que estaba flanqueado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha abanderado la posición contraria de que no existía ningún riesgo sanitario para anular el evento. A su lado, también se encontraba el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, quien insistió en que “ni Barcelona, ni Cataluña, ni España” están en zona de riesgo por el coronavirus. Una idea que han repetido hasta la saciedad las diferentes autoridades políticas y sanitarias durante toda la semana, en contraposición con el argumento esgrimido por la GSMA.
Granryd respaldó la decisión de la organización en las “muchas declaraciones del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y de otras instituciones”. En el fondo, y como opinan expertos jurídicos consultados por este diario, la apelación a la “causa de fuerza mayor” es la vía para que la GSMA pueda minimizar el monto de las indemnizaciones, aunque en la rueda de prensa de ayer y pese a la insistencia de los periodistas, ninguno de los directivos de la organización aclaró el coste de la cancelación ni quién iba a hacerse cargo de la factura que puede rondar los 500 millones de euros. “Esto no va solo de dinero”, dijo Granryd,
Lejos de allí, en París, el presidente de Orange y presidente de turno de la GSMA, el francés Stéphane Richard, era mucho más claro: “Apelo a la responsabilidad de todos los participantes, todos los actores de la industria, ya sean operadores o socios, porque no podemos hacer que la institución GSMA cargue con la factura por esta cancelación, lo que obviamente ha sido una decisión inevitable”, decía en declaraciones al canal financiero BFM Business.
“Un evento de este tamaño, en medio de una epidemia, francamente, era extremadamente difícil y extremadamente arriesgado mantenerlo. Así que creo que tomamos una decisión difícil pero sabia”, añadió Richard.
Sobre la mesa, y durante varios días,