El sistema de atención a las personas dependientes comenzó el año pasado a dar síntomas de colapso en España. Por primera vez desde 2016 aumentó la lista de quienes están a la espera de recibir los servicios, prestaciones o ayudas que las administraciones les han concedido, pero que no acaban de llegar. Son ya 266.000 personas en todo el país, uno de cada cinco dependientes con su derecho reconocido, 20.000 más que un año antes, según el informe elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Pero la cifra de españoles con problemas de dependencia que están desatendidos por las administraciones es realmente mucho mayor. A los que están a la espera de recibir las ayudas comprometidas hay que sumar los 160.000 con su expediente iniciado desde hace muchos meses y que no tienen derecho alguno porque están pendientes de la valoración del especialista. Aquí también subió en 2019 la lista de espera por primera vez en tres años, con 30.000 personas más a expensas de valoración. De esta manera, los dependientes totalmente desatendidos por los poderes públicos se elevan a 426.000, unos 50.000 más que en 2018. Y, lo que es peor, el 42% de ellos pertenecen a los grados II y III, correspondientes a pacientes con altas necesidades y grandes dependientes.
La razón principal de este empeoramiento en el funcionamiento del sistema hay que buscarla, según José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, en la cada vez más «insuficiente financiación del Estado», que ha «asfixiado» ya a muchas comunidades autónomas, que no pueden seguir poniendo fondos propios en cantidad suficiente para satisfacer el constante aumento de la demanda, alentada por el envejecimiento de la población. Las autonomías ponen el 80% del gasto público y el Estado aporta 459 millones menos que en 2012, muy lejos del 50% de cofinanciación a que se comprometió por ley, una situación agravada por dos años con Presupuestos prorrogados.