La Fiscalía de Sevilla investiga un posible delito contra la salud pública tras la denuncia presentada por la Junta de Andalucía contra la empresa Comercial Martínez León, que habría comercializado la carne mechada de Magrudis, origen del brote de listeriosis, sin un etiquetado correcto.
La Junta presentó la denuncia ante la Fiscalía para que confirmara que Martínez León reenvasó la carne de Magrudis sin indicar cuál era el proveedor del producto que llegaba finalmente al consumidor.
La investigación se basa en los artículos 364 y siguientes, hasta el 367, del Código Penal, que abordan delitos contra la salud pública relativos a la contaminación de alimentos y de bebidas, han informado a Efe fuentes de la Fiscalía.
El artículo 364 explica que la persona que «adulterare con aditivos u otros agentes no autorizados susceptibles de causar daños a la salud de las personas los alimentos, sustancias o bebidas destinadas al comercio alimentario, será castigado» con penas de prisión de uno a cuatro años.
Además, se le podrá castigar con una multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de tres a seis años a los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores, según recoge el Código Penal.
«Si el reo fuera el propietario o el responsable de producción de una fábrica de productos alimenticios, se le impondrá, además, la pena de inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio de seis a diez años», precisa el artículo 364 del Código Penal.
Tras la denuncia de la Consejería, la Fiscalía de Sevilla ha emitido un oficio para que Salud les remita el acta de inspección en el que informaba de que la comercializadora reenvasaba la carne de Magrudis, si se ha procedido a la retirada de todos los alimentos contaminados y las inspecciones que están haciendo sobre el brote.