Purdue Pharma, considerada una de los principales responsables de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, llegó a un principio de acuerdo para resolver el litigio legal que le enfrenta con buena parte de los estados y localidades del país. La farmacéutica de Stamford (Connecticut), que comercializa el OxyContin, se compromete a pagar hasta 12.000 millones de dólares y la familia propietaria acepta ceder el control de la sociedad. Con esto, la compañía se declararía en suspensión de pagos de inmediato.
Las negociaciones, que llevan en curso desde hace meses, se bloquearon este pasado fin de semana. La opción de la bancarrota se abrió camino. Eso le habría dejado al margen del primer juicio federal, previsto para el próximo mes de octubre. El pacto anunciado es en todo caso parcial, con 23 estados y excluye a algunos de los más importantes, que optan por seguir adelante con el litigio.
La oferta de base para el pacto sería muy similar a la que se conoció hace dos semanas para resolver las 2.000 demandas presentadas, que trascendieron después de que el conglomerado de salud Johnson & Johnson fuera condenada a pagar 572 millones de dólares por las adicciones provocadas por su medicamento. La sanción fue muy inferior a la esperada y sentaba un importante precedente.
El OxyContin empezó a venderse en EE UU hace dos décadas. Pronto se convirtió en uno de los analgésicos más populares, ya que su potencia excedía la de cualquier rival. Purdue no cotiza, por lo que no está obligada a publicar las cifras de su negocio. Se estima que el tratamiento contra el dolor le generó más de 35.000 millones en ventas. Eso convirtió a la familia Sackler en una de las más ricas del país.
Una crisis de salud pública
EE UU afronta una crisis de salud pública mayor. Cerca de 40 estados presentaron demandas contra la farmacéutica y otras compañías, en una coalición con la que buscaban una compensación por todos los costes que han tenido que soportar por las adicciones y las pérdidas ocasionadas.