La primera condena que obliga a España a pagar una multa a la Comisión Europea por el incumplimiento de una norma medioambiental le ha costado ya a las arcas públicas del país 22,355 millones de euros. Es el saldo de la sentencia que dictó hace casi un año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no cumplir correctamente con la directiva comunitaria que obliga a todas las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes a depurar correctamente sus aguas residuales. La factura seguirá creciendo, al menos, hasta 2023, porque aún hay núcleos de población que las vierten sin tratar correctamente al mar o los ríos.
España fue condenada el 25 de julio del pasado año por no aplicar completamente una directiva (de 1991) de depuración de aguas urbanas. Esa norma se debía haber cumplido en el caso de los núcleos de más de 15.000 habitantes antes de 2001, básicamente, con la construcción de estaciones de depuración y colectores. Pero, tras un sinfín de avisos, emplazamientos de Bruselas e incluso otra sentencia, hace un año España fue condenada por los incumplimientos en 17 de esas aglomeraciones.
Por un lado, la sentencia imponía una sanción de 12 millones de euros por los 17 casos que debían haber quedado resueltos en 2013, según el ultimátum que Bruselas dio en su momento. Por otro lado, el fallo imponía otra sanción semestral de 10,95 millones mientras persistan los incumplimientos. En el momento de dictarse el fallo hace un año, todavía había nueve aglomeraciones que seguían sin depurar correctamente sus aguas urbanas. Esas nueve, en las que habitan 379.000 personas, son: Matalascañas (Huelva), Alhaurín el Grande (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Tarifa (Cádiz), Coín (Málaga), Nerja (Málaga), Barbate (Cádiz), Gijón Este y Valle de Güímar (Santa Cruz de Tenerife).
Casi treinta años de incumplimientos
1991. Se aprueba la directiva europea que obliga a que las aguas urbanas reciban un correcto tratamiento.
2001. Finaliza el plazo que tenían los núcleos de más de 15.000 habitantes para tratar correctamente sus aguas.