El gesto de encender un cigarrillo y aspirar su humo mata al año a más de seis millones de personas en el mundo, 890.000 más si se cuentan a los fumadores pasivos. De esos fallecimientos, 60.000 se producen en España. Además de perder años de vida, esta mortalidad supone para los estados un mayor gasto sanitario –pese a los impuestos que gravan su consumo– y una pérdida de ingresos y el dolor de ver sufrir a un ser querido para las familias afectadas. En las últimas décadas, la guerra contra el consumo de tabaco se ha recrudecido por parte de los gobiernos de los diferentes países del mundo, aunque de forma desigual. Subidas de impuestos, regulaciones publicitarias o, directamente, prohibición de fumar en bares y restaurantes, son las medidas más comunes.
En España, sin embargo, las alarmas han saltado después de que el consumo de cigarrillos haya vuelto a niveles previos a la entrada en vigor de la ley antitabaco. Un 40% de la población española consume cigarrillos, en su mayoría hombres (46%, frente al 35,8% de mujeres). En general, el 34% lo usó diariamente en 2017, casi lo mismo que una década antes (34,9%). Ese aumento se ha notado de forma especial en los jóvenes, que fumaron un 5% más que en 2016.
La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ya ha advertido de que el Gobierno va a tomar medidas y no descarta que algunas de ellas sea la prohibición de fumar en el coche familiar, en el que se transportan niños. Al ser del «ámbito privado» como lo es también el domicilio, Carcedo prefiere apelar a la «responsabilidad de los padres», puesto que «son padres para cuidar a sus hijos en todos los ámbitos, y esa responsabilidad debe operar también en el ámbito privado».
Unas normas que serían bien recibidas por los colectivos médicos y las diferentes asociaciones que luchan contra el tabaquismo.