“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” es el lema impreso en los pañuelos verdes de Argentina. Adornan cuellos, muñecas, mochilas y bolsos de miles de personas que están a favor de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy volverán a levantarse en decenas de ciudades para conmemorar el aniversario del primer pañuelazo federal, que dio pie a una movilización sin precedentes en el país sudamericano por el derecho de las mujeres a decidir cuándo y cómo quieren ser madres.
A pedido del presidente, Mauricio Macri, el Congreso argentino discutió en 2018 por primera vez una ley que proponía legalizar el aborto libre hasta la 14ª semana. La iniciativa se aprobó en la Cámara de Diputados, pero fue posteriormente rechazada en el Senado. Y Argentina quedó igual que estaba: con una ley de 1921 que contempla penas de cárcel para la mujer que interrumpe su embarazo y para el personal médico que interviene excepto en el caso de violación y riesgo para la vida de la madre. Un año después del pañuelazo federal, organizaciones feministas han convocado este martes otra acción idéntica para volver a poner la reivindicación en la agenda política.
“Hoy anunciamos que seguimos en campaña y exigimos que el proyecto se trate [en el Congreso]. Creemos que este año electoral no puede transcurrir sin que las fuerzas que van a estar postulándose para los cargos públicos no se pronuncien sobre este tema”, dice la psicoanalista Martha Rosenberg, integrante de la Campaña a favor del aborto legal, seguro y gratuito, que reúne a más de 700 organizaciones. “Consideramos que los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos son derechos humanos básicos de todas las personas, por lo que es necesario garantizar su acceso de modo universal”, subraya la convocatoria.
La Campaña prepara un nuevo borrador de ley que presentará ante el Congreso en los próximos meses. Rosenberg anticipa que incluirá modificaciones al proyecto presentado un año atrás,