La Cámara de Cuentas ha revisado el gasto sanitario de la Comunidad de Madrid de 2011 a 2015 y en sus conclusiones critica la alta temporalidad del personal sanitario, que en 2014 alcanzó el 35% de las contrataciones, y las trampas de la Consejería de Sanidad para disimular el aumento de las listas de espera quirúrgicas. El organismo fiscalizador afea al Gobierno regional, gobernado primero por Esperanza Aguirre y luego por Ignacio González (PP), que apostara por construir hospitales en régimen de concesión sin aportar ningún estudio de que esa fórmula de gestión sea más eficiente. Además, recalca que el índice de satisfacción de los pacientes bajó casi cuatro puntos en ese periodo.
“En los centros hospitalarios se realiza un elevado volumen de contratos temporales de personal en todas las categorías, con la excepción de los directivos. Sólo en el personal eventual, que no ocupa plaza de plantilla, la contratación de facultativos alcanzó, en 2014, una cifra de 2.615, que representa sobre la plantilla efectiva un 35%, seguido del personal sanitario no facultativo que en dicho ejercicio representó el 28%”, señala el documento. “En el periodo 2011-2015, se observa una disminución de los efectivos en todos los tipos: el personal facultativo disminuye un 4%, el personal sanitario no facultativo disminuye el 5% y el personal no sanitario sufre una reducción importante de un 16%”, continúa el documento.
El Ejecutivo de Esperanza Aguirre apostó por construir siete hospitales públicos en régimen de concesión: Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Del Tajo, Del Sureste, Del Henares y Puerta de Hierro. Más adelante se sumó el Hospital Universitario de Torrejón. La Cámara de Cuentas es crítica con este modelo de gestión: “No se han facilitado los informes o estudios elaborados en los que se evaluaran las distintas opciones de gestión en términos de eficiencia, eficacia y economía, que pudieran haber servido de base para la toma de decisiones sobre la conveniencia de desarrollar e implantar las nuevas formas de gestión hospitalaria”. Por ello, “se desconoce en base a qué criterios se tomaron estas decisiones, ni el supuesto ahorro o mejora en la prestación de la asistencia sanitaria que se habría podido obtener”.