La asfixia financiera de las comunidades provocada por la falta de Presupuestos ha frenado la incipiente recuperación del gasto autonómico en políticas sociales. Si a partir de 2014 las partidas regionales en sanidad, educación y servicios sociales comenzaron a aumentar tímidamente tras años de duros recortes, esta evolución se vio truncada en las cuentas del año pasado, situación que se agrava este y se extenderá, al menos, hasta 2020 dada la falta de Gobierno. Así lo pone de manifiesto el informe presentado este lunes por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que alerta no ya del riesgo de estancamiento, sino de una «vuelta al deterioro de los servicios públicos esenciales» y pide un «blindaje presupuestario» en estas partidas. También muestra las diferencias entre comunidades, ya que mientras algunas regiones ya superan los niveles anteriores a la crisis en gasto social, otras, siguen por debajo. Especialmente preocupante es el caso de Cataluña, con casi un 20% de diferencia.
«Las comunidades están bajo una tensión presupuestaria extraordinaria para prestar servicios públicos esenciales», explica José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, experta en el sector social. En su opinión, de existir un Gobierno estable y Presupuestos aprobados, se hubiera podido recuperar ya el gasto social anterior a la crisis, pues se hubiera frenado la deuda autonómica. En 2009, justo antes del inicio de los recortes, el gasto de las comunidades en sanidad, educación y servicios sociales era de 116.851 millones de euros, que fue cayendo hasta un mínimo de 100.000 millones en 2013. A partir de ahí siguieron cuatro años de incremento progresivo. Sin embargo, el gasto presupuestado en 2018 fue de 112.662 millones, por debajo de los 113.100 millones del año anterior, y un 3,4% inferior al nivel de 2009.
Para estos expertos, es preocupante que el gasto social autonómico presupuestado por habitante en 2018 fuera de 2.420 euros, un 4,54% inferior a los 2.535 de 2009. El porcentaje sobre el presupuesto total destinado a protección social ha pasado del 66,9% de 2009 al 60,7% de 2018,