“El Estado me falló de muchas formas”, dice Fátima. No es su nombre real, pero es el que ha adoptado esta mujer guatemalteca de 21 años para denunciar su doble calvario. Comenzó cuando tenía apenas 12 y tuvo que enfrentarse a la maternidad tras ser violada por un hombre cercano a su familia, que era, además, el director de un programa federal de apoyo a la niñez. “Fue muy duro. Yo no había pedido eso y no tuve posibilidad de decir ‘no quiero”. Nueve años y medio después, sin haber obtenido justicia en Guatemala, lleva su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en representación de miles de niñas que atraviesan su misma situación cada año en el país.
La pesadilla de Fátima empezó con la muerte de su padre. En ese momento su madre, a cargo de dos niñas, se acercó a buscar ayuda a la Secretaría de Bienestar Social, donde conoció al supuesto agresor. Las menores comenzaron a asistir a una de las guarderías dependientes de esa secretaría. En poco tiempo, el hombre que se había convertido en una figura de confianza para la familia abusó de las dos. El embarazo de noviembre de 2009 fue denunciado ante la justicia, que aún no ha detenido al agresor. “Él va a votar y cobra su jubilación cada mes en el banco. Si el Estado no lo detiene es porque no quiere”, dice Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), organización que ha llevado el caso.
Guatemala le negó la posibilidad de tener una vida digna, reprocha Fátima. A sus 12 años, vio cómo sus sueños se despedazaban. “Una niña al convertirse en madre debe dejar de lado todo lo que quiere ser para asumir la responsabilidad de educar a otro niño”, dice. “¿Cuál es el futuro de una menor obligada a criar a un bebé?”, se pregunta al recordar que cuando quedó embarazada no tuvo otra opción que tenerlo: “Estaba tan mal que bloqueé esa parte de mi cuerpo. Me costó aceptar que iba a ser madre de alguien y me costó aceptar a mi hijo,