En los casos de vientres de alquiler, el padre suele aportar su material genético, pero en algunos países, su pareja (hombre o mujer) habitualmente encuentra problemas para legalizar su relación con el bebé. Francia es uno de esos países cuya legislación es más restrictiva al respecto, por eso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, consultado por los jueces galos, ha emitido sus consideraciones sobre qué hacer en estos casos. Afirman que la legislación de cada país debe abrir una vía para el “reconocimiento de una relación legal parental-filial” del nacido de un vientre de alquiler con su “madre de intención”, la mujer que lo criará aunque no sea su madre biológica. Esa relación no tiene por qué estar reconocida mediante la inscripción en los registros legales de esa mujer como “madre legal”, en vista de que muchos países solo consideran como tal a la que pare al bebé.
Para Estrasburgo, garantizar los derechos de los menores es una prioridad que se ve cumplida si la “madre de intención” queda inscrita como madre “adoptiva”, por ejemplo, pero cada país tendrá sus fórmulas, de modo que el tribunal europeo recomienda que se estudie cada expediente teniendo en cuenta “las circunstancias particulares” de cada caso. La decisión dada a conocer este miércoles por el tribunal, que no es vinculante, responde a una consulta de la Corte de Casación francesa, aunque podría tener impacto en otros países que estudian cómo debe responder la ley ante las gestaciones por vientres de alquiler en el extranjero.
El TEDH se ha tomado cuatro meses para presentar sus conclusiones. Y en estas deja claro la dificultad de dar una opinión en firme sobre un tema con tantas aristas. Porque por un lado, los jueces de Estrasburgo se dicen convencidos de que “la falta de reconocimiento de una relación legal entre un niño nacido de un vientre de alquiler en el extranjero y la madre que lo criará tiene un impacto negativo en numerosos aspectos del derecho a la vida privada de ese menor”.