COVID-19 ha golpeado duro a toda la sociedad. Una víctima colateral de la pandemia actual son las acciones dirigidas a manejar la crisis climática. Esto se evidencia, por ejemplo, en el aplazamiento de la COP26.
Además, las ambiciosas prioridades de financiación del Acuerdo Verde Europeo pueden ser reemplazadas por las de la pandemia de COVID-19. Una emergencia a corto plazo que amenaza los cambios necesarios a largo plazo no es nada nuevo, pero tampoco tiene por qué ser de esta manera. ¿Podemos crear condiciones beneficiosas para ambos objetivos?
Financiación bien dirigida
La pandemia de COVID-19 requiere un gran paquete de estímulos financieros que genere oportunidades para el cambio. No podemos simplemente continuar actuando de la manera en que lo hacíamos.
Cualquier paquete de estímulos debe ser integral y no solo incluir requisitos e indicadores para la economía, sino también para la equidad, la sostenibilidad, la habitabilidad y la salud. El dinero solo se puede gastar una vez y por lo tanto debemos hacerlo en la dirección que consiga salvar más vidas a largo plazo, y crear un mundo más justo, sostenible y habitable para la sociedad.
Según datos de las Naciones Unidas, el 55 % de la población mundial vive en áreas urbanas, una proporción que se espera que aumente al 68 % en 2050. La planificación urbana subóptima y el transporte en las ciudades se han convertido en focos de contaminación del aire y de ruido, efectos de isla de calor y falta de espacios verdes.
Solo la contaminación del aire exterior mata a 9 millones de personas al año, un número que podría reducirse significativamente con una mejora de la calidad del aire como la registrada durante el confinamiento.
Un estudio reciente de evaluación del impacto para la salud en Barcelona ha revelado que alrededor del 20 % de la mortalidad prematura se debe a factores relacionados con planificación urbana subóptima y transporte.