Tienen 11 y 12 años, resultaron embarazadas después de sufrir abuso sexual y, además, están judicializadas por aborto. Tres casos que aparecen en una fría columna de estadísticas de la Fiscalía de Colombia, pero son en realidad las vidas de tres niñas de Antioquia, Risaralda y Nariño que crecen con la pesada lápida de una investigación judicial por interrumpir legalmente el embarazo.
En Colombia, el aborto es legal desde 2006 en el marco de tres causales: violación, malformaciones del feto incompatibles con la vida fuera del útero y riesgo para la salud física o mental de la mujer gestante. A pesar de esto aún existe el delito de aborto con penas de uno a tres años de cárcel. Según la Fiscalía se reportan 2.290 mujeres criminalizadas por aborto entre 2005 y 2017. De ellas, 502 son menores de edad. Además de las tres niñas de 11 y 12 años, hay 499 de entre 14 y 18 años que han tenido que responder ante la justicia. Es decir, el 25,2 % de las mujeres penalizadas por aborto en Colombia son menores de edad.
Carla, es una estudiante de 15 años que vivió en 2018 un proceso de judicialización traumático para ella y su familia. “Quedó en embarazo como resultado de violencia sexual y, en compañía de su madre denunció ante la Fiscalía sin que se le informara sobre el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con 25 semanas de edad gestacional y con la asesoría de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la adolescente solicitó ante su Entidad Promotora de Salud (EPS) la IVE por la causal violencia sexual”, recoge el testimonio de la Mesa, organización que acompañó legalmente a la menor. Sin embargo, ese fue solo el comienzo de su drama.
“El mismo día que se le realizó el procedimiento, Carla y su madre fueron amenazadas y hostigadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes presuntamente conocieron del caso debido a que alguien desde la Clínica violó la reserva de la historia médica”,