Hace dos años, Lorena acudió a un hospital de Honduras tras sufrir intensos dolores abdominales. En el centro sanitario los médicos hicieron los exámenes de rutina y descubrieron que la mujer, entonces de 20 años, había sufrido un aborto espontáneo. Ella se sobresaltó: no tenía idea de que estaba embarazada y aunque observó un retraso en su periodo, no se alarmó, porque este siempre había sido irregular. Debido al incidente su vida estaba en riesgo. “Los médicos la operaron y apenas pudieron salvar su útero”, establece un informe de Human Rights Watch publicado este jueves. Pero los médicos fueron más allá: llamaron a la Policía, porque asumieron que Lorena había intentado poner fin a su embarazo. Minutos después de ser dada de alta, fue detenida, esposada y trasladada a una prisión. Fue liberada a los dos días, pero a la espera de un juicio y su sentencia, Lorena tiene que viajar cada viernes durante dos horas desde su aldea rural hasta la capital, Tegucigalpa, para hacerse presente en un juzgado y firmar una orden de libertad condicionada. Es parte del suplicio que las hondureñas sufren en un país donde el aborto está totalmente ilegalizado.
Human Rights Watch (HRW) ha publicado este jueves una amplia investigación titulada Vida o muerte, opciones para las mujeres que viven bajo la prohibición del aborto en Honduras, que documenta las consecuencias que ha tenido en este país centroamericano la penalización del aborto, que la legislación local define como la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. El Código Penal establece penas de entre tres y diez años de prisión para las mujeres que aborten, aunque hayan sido espontáneos, como el caso de Lorena. El Gobierno hondureño —liderado por el conservador Juan Orlando Hernández— no presenta cifras oficiales de las mujeres que han tenido abortos clandestinos, en un país donde se registran entre 50.749 y 82.135 abortos por año en los hospitales del país, según un informe del Centro de Derechos de Mujeres.