La Federación Empresarial de Dependencia (FED) engloba a más de 2.400 residencias, unas 150.000 plazas. La mitad de estos centros tiene menos de 50 plazas y son propiedades de familias. «Solo el 12% está en manos de multinacionales», recalca Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED, quien ha sido muy crítico ante la falta de material para luchar contra la pandemia. Además, afirma que la Administración no ha escuchado al sector en ningún momento, incluso cuando el virus hacía estragos en los centros de mayores.
-Han reclamado, primero, EPI y ahora test para sus residencias. ¿Se sienten abandonados?
-Sí, y de forma incomprensible. Nuestro perfil en las residencias es el de personas muy dependientes. Si el virus ataca principalmente a estas personas, es vital prever un plan que les dé cobertura y protección.
-Pero no ha sido así.
-La sanidad pública fue la primera en hacer aguas porque estaba totalmente colapsada. Se hizo un hospital en dos días y se habilitaron hoteles medicalizados de un día para otro para luchar contra la Covid-19. Cuando llegamos a los mayores, el escenario fue totalmente distinto. Al igual que los sanitarios hemos tenido problemas con los materiales de protección. No llegaban. Más o menos al principio, a unos precios carísimos, podíamos comprar. Pero a partir de la declaración del estado de alarma, se acabó el mercado. Nuestros proveedores nos decían que la mercancía estaba requisada o parada por un problema administrativo en la aduana. Como no teníamos test, derivábamos a los hospitales como hemos hecho siempre. Pero cambiaron los protocolos.
-¿En qué sentido cambiaron?
-Cualquier persona puede entrar por urgencias. Nosotros, no. Teníamos que llamar a un geriatra del hospital de referencia, que decía si sí o no. Es increíble. Entonces planteamos, si no podemos enviar al residente, que nos dieran la medicación para tratarlo en el centro. Otro problema. Los retrovirales y la hidroxicloroquina (medicamento para la malaria) los mandan según qué hospital.