Finlandia ha despertado este viernes con sobresalto. La coalición de gobierno de centroderecha tira la toalla a solo cinco semanas de concluir la legislatura con la celebración de elecciones, el 14 de abril próximo. El primer ministro, el centrista Juha Sipilä, ha presentado su renuncia ante el presidente Sauli Niinistö, que ha aceptado. El detonante ha sido la frustrada andadura de la principal propuesta por el actual Gobierno, un ambicioso plan de reforma social y del sistema sanitario que entre otras cosas preveía la centralización del servicio que ahora proveen los 295 municipios que forman el país y la participación de un mayor número de entidades privadas.
La reforma no pasó el corte en la comisión constitucional del Parlamento finlandés, que consideró que no respetaba la igualdad de derechos de todos los finlandeses. La coalición está formada por el Partido del Centro, de Sipilä, por el Partido Conservador (Kokoomus), y por el Partido Azul, del ministro de Relaciones Exteriores, Timo Soini. Este pequeño partido es una escisión del partido populista Auténticos Finlandeses. En la actualidad, el Ejecutivo cuenta con 36% de intención de voto, según las encuestas.
“Para mi es una gran decepción. Hemos trabajado toda la legislatura para sacar estas reformas tan necesarias para el desarrollo y la estabilidad de Finlandia”, dijo Sipilä, en una emotiva comparecencia de prensa, tras dimitir ante el presidente Niinistö. “Quiero ser coherente, siempre he dicho que en estas funciones o obtienes resultados o te vas fuera”, continúo el jefe de Gobierno.
Según el primer ministro, las reformas son tan necesarias que el próximo gobierno debería incluirlas en su programa político. El resto de formaciones comparten la necesidad de reformar la sanidad pero discrepan del cómo. Finlandia, que mantiene una asistencia social muy amplia, tiene como principal desafío atender a una población con una edad media cada vez mayor. Se prevé que dentro de una década, en 2030, el 26% de los ciudadanos del país nórdico tenga más de 65 años.
Sipilä informó al inicio de su legislatura de que las reformas tendrían un coste de unos 3.000 millones de euro.