Las informaciones sobre la presencia de amianto en el Metro de Madrid han generado alarma social. Dos trabajadores han fallecido por asbestosis, otros dos están enfermos y más de 800 han sido llamados a reconocimientos médicos para valorar el impacto de la enfermedad. Millones de personas durante años han utilizado vagones, escaleras mecánicas o han esperado en estaciones con amianto.
La Asamblea de Madrid puso en marcha una Comisión de Investigación para abordar la situación y determinar responsabilidades. Por ella han pasado cargos políticos y técnicos de Metro, expertas y trabajadores. Sus conclusiones se recogen en un dictamen que se aprobó el pasado viernes.
La primera y más clara es que Metro sabía de la existencia de amianto y sus riesgos desde 1989, hace casi tres décadas. Sin embargo, la dirección de la empresa ni le dio importancia, ni valoró el peligro. En 2003 realizó un informe interno para aproximarse al problema, pero apenas se tomaron medidas.
Durante todos estos años los empleados han estado desprotegidos; no han tenido formación y no se les ha dado material adecuado. Tras el primer caso de asbestosis, la Inspección de Trabajo consideró que el incumplimiento de la prevención era lo suficientemente grave como para elevarlo a la Fiscalía.
Otro de los asuntos objeto de investigación fue la venta ilegal de trenes a Argentina en 2011, ya que la venta de productos con amianto está prohibida desde el año 2002. Según las conclusiones, constatadas con la documentación presentada, la dirección de Metro tenía conocimiento de esta situación y aun así procedieron a la venta.
En todo momento, los responsables han intentado ocultarlo. El Gobierno de la Comunidad de Madrid y la dirección de Metro solo han actuado presionados por trabajadores y trabajadoras, los medios de comunicación y la propia comisión. El dictamen considera que ha habido negligencia, incapacidad y ocultamiento.
Se pide la Asamblea de Madrid que lo envíe a la Fiscalía para que valore si hay responsabilidades penales en los responsables de Metro. Fiscalía ya ha empezado a citar a los trabajadores enfermos así como a los familiares de los fallecidos.