Al ingresar en un hospital de Granada y conocer que era positivo de COVID-19, un hombre recorrió la planta y se lanzó al vacío. «Aunque sea en el hospital, es una muerte violenta y, por lo tanto, judicial, y nosotros debemos hacer un levantamiento del cadáver», explica Elisa Cabrerizo, médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Granada y jefa del Servicio de Patología Forense. «La relación directa entre el suicidio y la enfermedad no se puede establecer nunca pero hay que examinar bien la causa de la muerte para evitar una autopsia». Los forenses en tiempos de coronavirus tienen nuevos protocolos, emitidos por el Ministerio de Sanidad pero redactados por las sociedades de Anatomía Patológica y de Patología Forense.
Esas pautas indican que sólo en muertes violentas o sospechosas de criminalidad se hace una autopsia. Las que tienen causas naturales ahora quedan en manos de los médicos asistenciales. Al ser los cuerpos abiertos un gran foco de infección, las nuevas normas pretenden minimizar las fuentes de contagio. «Siempre hemos estado preparados para los cadáveres con enfermedades infecciosas, que llegaban de forma aislada, por ejemplo, con fiebre hemorrágica, pero no para una pandemia», afirma Cabrerizo. «Hoy todos los cadáveres son sospechosos de tener COVID-19».
Las autopsias se han reducido para evitar propagar la carga viral, y se siguen realizando en los casos de muertes violentas cuya causa no puede determinarse por los signos exteriores, como intoxicación por medicamentos o ahorcamiento. Pero hoy se hacen con estrictas medidas higiénicas que redoblan las ya habituales: los forenses utilizan equipos dobles de protección y salvo excepciones sólo participa un médico con su auxiliar. Antes eran equipos de dos en procesos que podían demorar un par de horas. Además tienen los cuerpos en el frigorífico al menos un día para reducir la potencia del virus y evitan las aperturas craneales y pulmonares. «Hay mucho aerosol», describe Cabrerizo.