El Foro de Atención Primaria, las ocho principales organizaciones de médicos de familia y pediatras, exigieron este lunes a las comunidades autónomas la puesta en marcha de 30 medidas urgentes para «salvar» los centros de salud y consultorios, un modelo que indicaron «está en la UCI» por la falta de recursos, la sobrecarga de los profesionales y las largas esperas que soportan los pacientes.

La valoración más dramática la hizo Gabriel del Pozo, vicesecretario general de la confederación de sindicatos médicos CESM. «La primaria está quemada. Estamos en una crisis que puede dar paso a su desaparición. Si no solucionamos los problemas de la primaria, se nos muere. Al paciente lo tenemos en la UCI. Son medidas urgentes, a aplicar sí o sí. Se trata de sobrevivir».

La reclamación fundamental del documento de consenso es la exigencia a las comunidades de que aumenten de forma considerable los presupuestos destinados a la Atención Primaria, como única forma de abordar las urgencias en personal y equipamientos y las mejoras de la gestión y de la cartera de servicios sin las que se ahogan los centros de salud.

El Foro pide a todas las comunidades que el presupuesto para Atención Primaria suponga ya en 2020 al menos el 20% de todo el destinado a sanidad -ahora de media está en el 14%- y que cinco años más tarde se alcance el 25%. Los recortes de gasto público por la crisis se han cebado en este primer nivel de atención sanitaria, al que de media se le ha rebajado un 34% de recursos frente a los hospitales. El resultado es la saturación. Las estimaciones más conservadores indican que faltan más de 2.200 médicos de familia y un millar de pediatras y que el 45% de los profesionales tiene asignado un cupo superior a los 1.500 pacientes, considerado como el límite para asegurar una correcta atención médica.

Los profesionales consideran que salvo que las administraciones públicas asuman este compromiso mínimo de financiación será imposible cumplir con el recién aprobado Marco Estratégico para la Atención Primaria -pactado por el Gobierno y la mayoría de las autonomías-,

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