Después de catorce años de ser legal en tres circunstancias, el aborto vuelve a ser un asunto de álgido debate político en la sociedad colombiana. Desde 2006, las mujeres en el país andino pueden acceder al procedimiento de forma segura cuando existe malformación fetal; el embarazo es resultado de violencia sexual o cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para su salud física o mental o para su vida. Sin embargo, una nueva demanda de una ciudadana pide que se revise esa sentencia para volver a la penalización absoluta.
La Sala Plena del la Corte Constitucional deberá emitir un fallo en los próximos días, pero el ambiente se ha caldeado y ahora, congresistas cristianos y afines al uribismo mueven sus fichas para que este asunto no quedé en manos del alto tribunal y en su lugar sea debatido en el Congreso. En paralelo, un caso ha ocupado el debate en la opinión pública. Junto a legisladores del Centro Democrático, el partido de Gobierno, un hombre denunció a su ex pareja por interrumpir su embarazo a los siete meses de gestación. La acusa de homicidio y quiere llevarla a la cárcel. “Aquí hubo un feticidio y duele en el alma, no puede ser que ahora la Corte Constitucional no tome en consideración a los padres”, dijo la senadora Maria del Rosario Guerra, cercana al expresidente Álvaro Uribe, líder indiscutible del Centro Democrático y mentor político del presidente Iván Duque.
Sin embargo, Profamilia, la entidad privada que presta el servicio, certificó que la mujer de 22 años cumplía con una de las causales que permite la ley y por eso realizaron el aborto. “La Corte Constitucional determinó que no hay límites en la edad gestacional para la realización del procedimiento, por lo que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) tienen la obligación de atender en todas las etapas del embarazo”, explicó su directora ejecutiva, Marta Royo. Desde que la entidad envió sus recomendaciones al tribunal para que despenalice totalmente el aborto se desató una campaña en su contra en redes sociales. Y a las afueras de la entidad –que lleva 60 años en Colombia prestando asesoría en salud sexual y reproductiva–,