Casi 1.500 conflictos (1.425) por la tierra indígena, legislaciones que no se cumplen, un sistema jurídico inoperante, cuando no corrupto, un Estado que no existe, defensores y defensoras de derechos amenazados, encarcelados, muertos. Y todo ello entre grandes negocios económicos a los que no son ajenas empresas transnacionales, incluidas las españolas. Este el retrato desolador que la relatora especial de los Pueblos Indígenas de la ONU, la filipina Victoria Tauli-Corpuz, ha hecho de Guatemala, sobre el que ha publicado un informe. Es el mismo país del que el presidente Jimmy Morales expulsó recientemente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) porque investigaba el financiamiento de su campaña electoral. La Cicig depende de la ONU y Morales asegura el organismo que “se entromete” en la soberanía nacional, algo desmentido por su secretario general, Antonio Guterres.
En realidad, basta recorrer regiones como Alta Verapaz para tropezarse con un desastre: un río contaminado, hidroeléctricas que secan cauces, grandes fincas de caña de azúcar o de palma africana, carreteras destruidas, colegios en ruinas… Tauli-Corpuz solo necesitó 10 jornadas para reunir un buen número de tropelías contra los derechos de los indígenas. Y el Gobierno de Morales, hoy en el ojo del huracán en su huida hacia delante, sale mal parado.
La publicación, que coincidió con la expulsión de Iván Velásquez, responsable de la Cicig, concluye que los indígenas, el 42% de la población, prácticamente no existen para su Gobierno. Ahora, la última medida de Morales sobre la Cicig, anulada por la Corte Constitucional, los ha lanzado a las calles junto a miles de campesinos, obreros y estudiantes. Ha sido la gota que colmó el vaso de la paciencia de un pueblo harto de lo que llaman “el pacto de corruptos”.
Tauli-Corpuz se reunió con 10.000 indígenas mayas, xinca y garífuna, y constató que su situación no ha cambiado en 15 años, pese a que Guatemala ratificó el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas. Sin embargo, comprobó que se paralizan todas las leyes que les protegen y solo logran algún avance mediante denuncia ante la Corte Constitucional.