Duro varapalo al Gobierno de la Comunidad Valenciana, formado por PSOE y Compromís. El Tribunal Constitucional ha anulado la parte de la ley autonómica de Salud que prohibía a los alumnos de Medicina de las universidades privadas hacer prácticas en hospitales y centros sanitarios públicos. Según considera el pleno del tribunal de garantías en una sentencia difundida este martes, el Ejecutivo regional había vulnerado la Ley Fundamental al contradecir la normativa estatal, que insta a los Gobiernos a cooperar con todas las universidades, sin distinguir entre públicas o privadas.
Los magistrados reprochan al bipartito que la norma valenciana únicamente impone al Ejecutivo “el deber de colaboración” con las universidades de “titularidad pública”. Además, insisten en que la legislación nacional insta a las autonomías a sellar convenios con las privadas para establecer vínculos con las instituciones sanitarias públicas. “Siendo la realización de las prácticas imprescindibles, además, para completar el período de formación y la obtención de los títulos académicos”, apostilla el tribunal. El recurso fue presentado por un grupo de senadores del PP.
Un conflicto de 2016
La Generalitat prohibió a las privadas el acceso a las prácticas en 2016, excepto para aquellos alumnos que ya habían empezado la carrera. Lo hizo a instancias de las universidades públicas, que habían traslado al Ejecutivo autonómico los problemas que encontraban para que sus estudiantes se formaran en los mismos espacios y con el mismo personal que los de los campus privados. Un conflicto que también se produce en otros lugares de España, como Murcia, y que en la Comunidad Valenciana resultaba especialmente grave en Castellón.
Esto se producía porque durante los 20 años del PP al frente de la Generalitat, y sobre todo durante la presidencia de Francisco Camps, el Gobierno valenciano apoyó el crecimiento de las privadas. Y el permiso para abrir nuevas facultades de Medicina fue uno de los ejes de ese respaldo. A partir de 2015, el Ejecutivo autonómico integrado por socialistas y Compromís dio un giro a favor del sistema público y empezó a reducir las ayudas que recibían las privadas.