Todos los que han seguido la visita de Donald Trump a Reino Unido seguramente tienen una escena preferida de desastre diplomático. Pero el momento que más ha contribuido a envenenar las relaciones con nuestro aliado — y a truncar cualquier posibilidad que hubiese de alcanzar el “tremendo acuerdo comercial” que Trump pretendía ofrecer— fue la aparente insinuación de Trump de que ese acuerdo implicaría abrir el Servicio Nacional de Salud británico (NHS, por sus siglas en inglés) a las empresas privadas estadounidenses.
Eso dice algo de las cualidades de nuestro presidente, sobre quien lo mejor que alguien puede decir en su defensa es que no sabe de qué está hablando. Sin embargo, sí que sabe qué es el NHS, solo que no entiende cuál es su función en la vida británica. Al fin y al cabo, el año pasado tuiteó que los británicos se manifestaban en las calles para protestar contra un sistema sanitario que “iba a la quiebra y no funcionaba”. En realidad, las manifestaciones eran a favor del NHS y demandaban más financiación pública.
Pero olvidémonos de lo que le pasaba al presidente por la cabeza y centrémonos en el hecho de que ningún político estadounidense, y Trump menos que ninguno, tiene derecho a dar consejos a otros países sobre la atención sanitaria. Tenemos el sistema sanitario que peor funciona del mundo avanzado, y Trump está haciendo todo lo posible para deteriorarlo aún más. Resulta que los sistemas sanitarios británico y estadounidense se encuentran en los dos extremos de un espectro definido por las funciones relativas del sector privado y del público.
En el desastre diplomático de Trump en Londres destaca su idea de abrir el sistema de salud a los grupos de EE UU
Aunque la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible amplió la cobertura y aumentó el papel de Medicaid, la mayoría de los estadounidenses siguen contratando sus seguros (si es que los tienen) con empresas privadas, y reciben atención sanitaria en hospitales y clínicas con ánimo de lucro. En otros países, como Canadá, el Gobierno paga las facturas,