Ante el conflicto desatado desde hace tres meses en el Hospital General de Villalba (HGV) por las malas condiciones laborales y retributivas que sufren los trabajadores, Quirónsalud ha querido asestar un duro golpe despidiendo a dos profesionales. El conflicto iniciado en el HGV no es solo un conflicto laboral por lo insostenible de la situación que viven los profesionales. A las cargas de trabajo inasumibles, se juntan unos salarios muy inferiores a la media de los hospitales públicos dependientes del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS): estamos hablando de 1.100 € mensuales para un enfermero/a cuando en un hospital público cobran unos 1.800 €. Pero detrás del HGV hay algo más: hay un modelo de gestión público-privada que no solo es opaco si no que facilita la corrupción. Y todo ello bajo el argumento de que el modelo facilita la libre elección de hospital. Un modelo que tiene su precio. El problema es que no se conoce ese precio, pero sí algunas de sus consecuencias.
El HGV es un hospital privado de Quirónsalud, hoy en manos de la multinacional alemana de sanidad privada Fresenius, un grupo que cuenta con otros 3 hospitales en la Comunidad: el Hospital de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz (FJD).
Este tipo de hospitales, llevados a cabo bajo la controvertida fórmula de Colaboración Público-Privada (CPP), fueron impulsados por la expresidenta Esperanza Aguirre como un medio más para abrir al mercado el sector público sanitario. Se trata de un contrato entre lo público y lo privado, en el que la gestión de los servicios sanitarios y los mal llamados “no sanitarios” son gestionados por una empresa privada. Con estas concesiones a largo plazo, 30 años con posibilidad de ampliar a 10 años más, la financiación se realiza mediante una remuneración per cápita de la Administración en función del área sanitaria cubierta y un pago “adicional” por los pacientes que, sin estar en su área de cobertura, quieren tratarse en sus centros a través del sistema de libre elección de hospital.
El resultado son compromisos firmados entre los gobiernos del PP y los dueños de estos hospitales que recogen condiciones muy ventajosas para las empresas y draconianas para el erario público,