¿Es la cesión de nuestra privacidad una cuestión de salud pública? Las medidas para doblegar al Covid-19 a través de la gestión digital de datos de la ciudadanía ha puesto sobre la mesa el debate de los límites de la vigilancia y las libertades. Gobiernos de todo el mundo prueban diferentes métodos para controlar a la población y evitar la expansión del patógeno, mientras los gigantes tecnológicos Apple y Google han ofrecido un sistema que permite interoperabilidad entre ambos sistemas, iOS y Android, más allá de fronteras. A él se han unido un total de 22 países, que han solicitado y recibido acceso a la API (software de creación de servicios digitales). Entre ellos se encuentra España, que prevé lanzar una aplicación de rastreo de contagios en Canarias en un proyecto piloto este próximo verano.
Aún se desconocen muchos destalles sobre esta herramienta pero lo normal es que sea una aplicación completamente descentralizada y se lleve a cabo con el protocolo más usado en Europa, el DP-3t. «Cada individuo gestiona los datos en su móvil y no se envían y gestionan por una autoridad. Lo ideal es el rastreo por proximidad respetuoso, como no podía ser de otra forma, con el RGPD», explica Borja Adsuara, abogado experto en Derecho y Estrategia Digital. No se recurre a la geolocalización por GPS o antenas de telefonía.
Las aplicaciones de rastreo de contagios son una de las apuestas fuertes para cuando salgamos de casa en la nueva normalidad. Sin inmunidad de rebaño, la mayoría es vulnerable a la enfermedad, y esto nos obliga a monitorizar nuestros contactos sociales (contact tracing). Esto es algo que no puede hacerse de cualquier manera y cuya estrategia debe tener fecha de caducidad. Hay polémica en torno a ellas, pero nuestro derecho a la privacidad no está reñido con su utilización. «Hay que hacer pedagogía para explicar que los datos no se dan al Gobierno y que estas herramientas sirven de apoyo a las autoridades sanitarias.