La Comunidad de Madrid investiga por qué el Hospital Gregorio Marañón no informó a la Consejería de Sanidad ni al Colegio de Médicos del presunto fraude cometido por el facultativo José María Calvo Vecino en el proceso para seleccionar al nuevo jefe de Servicio de Anestesiología y Reanimación del centro sanitario, resuelto el pasado marzo. Calvo Vecino fue excluido del procedimiento tras quedar acreditado que falseó su currículum al presentar como propias nueve publicaciones científicas de otros investigadores. Pero los servicios jurídicos del hospital optaron por no adoptar ninguna otra medida, algo que tampoco hizo la Sociedad Española de Anestesiología (Sedar), que fue informada de lo ocurrido por un miembro del tribunal.
La Consejería de Sanidad, tras tener noticia de los hechos por EL PAÍS, ha ordenado a sus servicios jurídicos estudiar ahora si estos “son constitutivos de algún delito y, de ser así, trasladarlos a la fiscalía”, explicó un portavoz. El Colegio de Médicos de Madrid, por su parte, asegura que no ha sido informado de ningún caso “que reúna las características de los hechos citados”, pero recuerda que su Comisión de Deontología “puede actuar de oficio si tiene noticia de irregularidades parecidas”.
Fuentes implicadas en el caso denuncian “el efecto perverso del encubrimiento del hospital y la Sedar”. “Es un incentivo al fraude. Si al candidato la jugada le sale mal, solo pierde opciones a una plaza que de partida ya no tiene. Pero si le sale bien, aumenta las posibilidades de ser el elegido”, censuran estas fuentes.
Fernando Gilsanz, hoy jubilado y hasta hace unos meses jefe de servicio de Anestesiología en el Hospital La Paz, era uno de los cinco miembros del tribunal. Mientras los otros cuatro son facultativos del Gregorio Marañón, Gilsanz formaba parte del tribunal en representación de la Comisión Nacional de la Especialidad, órgano consultivo entre los anestesistas y el Ministerio de Sanidad. En una carta remitida al presidente de la Comisión y de la Sedar, Julián Álvarez, Gilsanz le explicó el pasado 12 de marzo que “existe falsedad de autoría documentada en nueve originales” y que se “levantó acta de las irregularidades detectadas y confirmadas”.