El pesquero reconvertido en buque de auxilio a refugiados, Aita Mari, de la ONG guipuzcoana Salvamento Marítimo Humanitario, volverá a zarpar en los próximos días desde Siracusa hacia la zona de rescate del Mediterráneo, en aguas de Malta, Libia e Italia. Es el pasillo por la que transitan muchas embarcaciones endebles que pretenden llegar a Lampedusa y Sicilia y acaban a la deriva con cientos de personas a bordo. En esta nueva etapa el Aita Mari se va a enfrentar a una nueva restricción «excepcional» de las autoridades italianas: la cuarentena por el coronavirus.
Tanto el Sea-Watch como el Ocean Viking, los otros buques de asistencia humanitaria que surcan esas aguas, están siendo obligados a permanecer en el exterior de los puertos, en zona de fondeadero, durante un periodo de quince días, después de desembarcar a las personas rescatadas. El Ocean Viking, operado por Médicos Sin Fronteras, está así atracado en Sicilia después de desembarcar a 276 personas. Su personal debe incluso ofrecer a las autoridades italianas información diaria sobre temperatura y estado de salud.
«Son medidas que se aplican sólo a los barcos de rescate, no a otros buques mercantes o pesqueros»; una forma sutil de torpedear la acción de estas organizaciones, denunció este martes en Bruselas, Iñigo Mijangos, presidente de la ONG vasca. Una queja que trasladó a los representantes de la Comisión Europea en el contexto de una reunión, en la que participaron otras ONGs y en la que, precisamente, se les intentaba convencer de todo lo contrario: de que hay voluntad por parte del equipo de la nueva presidenta Ursula Von der Leyen de «dar un giro a las políticas de rescate y ayuda humanitaria». El Ejecutivo comunitario les transmitió el deseo de actuar con una «mayor sensibilización»; de descriminalizar su labor. Pero no hay pasos concretos.
De hecho, la «medida sutil» que ha comenzado a poner en práctica el Gobierno italiano,