La pandemia ha paralizado uno de los pilares sobre los que se fundamenta todo Estado social y democrático de derecho: el poder judicial.
Nadie duda que la pandemia provocada por el Covid-19 ha cogido por sorpresa a una gran mayoría de países, pero lo cierto es que la resistencia que han ofrecido algunos a esa necesaria transición hacia la digitalización de la justicia obliga ahora a actuar con precipitación para colocar parches que minimicen la desprotección que están padeciendo el tejido social y económico, amén del colapso que se aventura con el levantamiento del estado de alarma a lo largo de los próximas meses.
La parálisis de la administración de justicia impide el acceso de los ciudadanos a la misma, agravando por momentos su futuro y el de la sociedad en su conjunto. Es imperioso que los resortes del Estado aúnen esfuerzos no solo para dotarla de los medios personales y electrónicos necesarios y que recupere su normal funcionamiento sino con objeto de prepararla para la nueva «normalidad».
Advertencias europeas
El acceso a la justicia es, como decimos, un principio básico reconocido por Naciones Unidas y un derecho fundamental recogido en nuestra Carta de Derechos de la Unión Europea (UE). Porque sin acceso a la justicia las personas no pueden ejercer sus derechos.
La Unión Europea (2002), el Consejo de Europa (2008), el Consejo Consultivo de Jueces Europeos (2004) llevan tiempo advirtiendo a los Estados que este acceso exige garantizar la existencia de métodos alternativos de resolución así como la digitalización de procedimientos y gestión en juzgados y tribunales.
No en vano, un reciente informe de la Comisión Europea subraya que el primer factor constatado para la mejora de la calidad de un sistema judicial en términos de eficiencia es la modernización de los medios informáticos, en particular de los sistemas de gestión procesal. Eficiencia que es requisito imprescindible para crear un clima de confianza en el entorno económico y social,