La católica Irlanda estrenará el año nuevo con una ley de despenalización del aborto que el jueves por la noche, y tras un acalorado debate de diez horas, culminó su tramitación parlamentaria en el Senado. La nueva normativa, ya sólo pendiente de la rúbrica del presidente de la República, responde a la acelerada modernización de una sociedad que sólo en años recientes ha avalado los métodos anticonceptivos, el divorcio y el matrimonio igualitario, y que en el referéndum de hace siete meses se pronunció de forma contundente a favor de legalizar la interrupción del embarazo.
Dos meses de debates en las dos cámaras del Parlamento -durante los que se llegaron a plantear tres centenares y medio de enmiendas- han sido necesarios para sellar una norma que contempla el aborto legal en las primeras doce semanas de gestación sin que la mujer tenga que justificar su decisión. Ese periodo podrá extenderse hasta los seis meses en casos extremos de peligro para la vida o la salud de la madre o si el feto no pudiera sobrevivir fuera del cuerpo de la mujer. Una de las escasas enmiendas que acabaron prosperando elimina el requisito planteado inicialmente de que el médico que certifique un aborto sea el mismo que lo practique.
Formalmente, lo que la ciudadanía votó en el plebiscito del pasado mayo fue la derogación de la Octava Enmienda a la Constitución que prohíbe casi totalmente el aborto al equiparar el derecho a la vida de la madre con el del feto. Uno de los casos recientes que suscitó más movilizaciones en contra de ese precepto constitucional fue el de Savita Halappanavar, quien en 2012 falleció de una septicemia después de que se le negara la interrupción del embarazo.
La cuestión que más se subrayó a lo largo de la campaña del referéndum de la pasada primavera fue sin embargo la hipocresía de una sociedad anclada en el conservadurismo católico que durante décadas miró hacia el otro lado mientras miles de mujeres se veían forzadas a desplazarse a otros países para interrumir su embarazo (la mayoría a Liverpool,