Hace 11 años un juez autorizó, a petición de la Junta de Andalucía, la vacunación forzosa de 35 escolares para frenar un brote de sarampión en Granada. Ahora, en plena búsqueda de la inmunización contra la Covid, una ley gallega ha abierto el debate sobre la posibilidad de imponer esta medida mediante multas.
La idea no es nueva. En Alemania, por ejemplo, el Bundestag aprobó en 2019 multas de hasta 2.500 euros para los padres que no vacunen contra el sarampión a los menores y trabajadores de centros educativos y de acogida de refugiados tras la aparición de varios brotes en colegios.
En Granada la situación fue distinta. Fue un juez quien ordenó en 2010 la vacunación de una treintena de alumnos para atajar un brote epidémico de sarampión en un colegio, y lo hizo a petición del Gobierno regional, en una decisión que causó gran revuelo en el centro y que cuestionó una minoría de padres de los alumnos.
El debate sobre una eventual vacunación forzosa se ha avivado con la aprobación esta semana de la reforma de la Ley de Salud Gallega de 2008, que establece un marco legal con multas de 1.000 a 600.000 euros para una serie de infracciones en materia de salud pública,