El Servicio Gallego de Salud (Sergas) deberá indemnizar a una familia con 200.000 euros por un tremendo error de diagnóstico. Un niño de apenas dos años fue operado en 2004 y 2005 de una supuesta sordera “total e incurable” que en realidad no existía. Lo que el pequeño sufría era un trastorno autista y fue una profesora del colegio público de Ourense en el que estudiaba, especialista en audición y lenguaje, la que lo descubrió. Desgraciadamente fue demasiado tarde. Las dos intervenciones quirúrgicas a las que había sido sometido el crío para introducirle un implante le causaron la pérdida completa de audición en un oído.
Una sentencia de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) divulgada este viernes ha condenado a la Xunta, 15 años después, a pagarle al menor una indemnización de 200.000 euros frente a los 150.000 que determinó en primera instancia un juzgado de Ourense el año pasado. En este tiempo la familia acudió a la justicia primero por la vía penal, pero el caso fue desestimado. “Nos encontramos ante un claro supuesto de error de diagnóstico provocado por una equivocada interpretación de los resultados de la prueba de potenciales evocados auditivos en su día practicada. En definitiva, no se descartaron, como era obligado, otras patologías mediante pruebas complementarias de tipo psicológico, neurológico o audiométrico”, resuelve ahora el alto tribunal gallego la demanda civil.
Fue a los dos años cuando el pequeño, que hoy tiene 17 años, empezó a manifestar “trastornos de conducta con disminución de la capacidad de atención y de relación con el entorno”. Su pediatra de la sanidad pública decidió derivarlo a diferentes especialistas privados de Vigo (otorrinos y logopedas) que, según la sentencia, concluyeron que padecía una “sordera total e incurable” tras realizarle “una sola prueba de potenciales evocados auditivos”.
En el hospital público de Vigo asumieron sin cuestionarlo el contenido de esos informes médicos privados. Pensando que eran “acertados” y “sin agotar los medios de diagnóstico”, relata el fallo,