Creo que muchas personas saben que en España, desde el año 2012, las personas extranjeras no pueden acceder a la sanidad pública en las mismas condiciones que las españolas. Lo que no sé es si todo el mundo se ha parado alguna vez a pensar qué supone esta restricción en la vida de las mujeres migrantes que, por diferentes circunstancias de su vida, necesitan abortar.

En España, como en muchos países que tienen despenalizado el aborto, aún persisten barreras que obstaculizan el acceso al aborto en la sanidad pública. Esto sucede a pesar de que, según la ley que regula el aborto, todas las mujeres tienen derecho a acceder a él sin ningún tipo de discriminación. Cuando se trata de mujeres migrantes, surge la siguiente paradoja: ¿cómo van a acceder al aborto sin discriminación si, en primer lugar, no pueden acceder a la sanidad pública en igualdad de condiciones?

El aborto es un servicio de salud que todas las mujeres pueden necesitar en algún momento de sus vidas, muchas veces con urgencia. Para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de forma gratuita, las mujeres migrantes tienen que acceder primero a la sanidad pública, pero este proceso no es fácil si no tienen permiso de residencia. Existen una serie de requisitos que deben cumplir, entre ellos, demostrar que llevan más de 90 días en España. Si no los cumplen (o no lo pueden demostrar), no pueden acceder al aborto gratuito al que tienen derecho por ley. E incluso aunque cumplan los requisitos, realizar los trámites para demostrarlo puede llevarles bastante tiempo, algo de lo que no disponen estas mujeres.

Imaginemos que una mujer no puede demostrar que lleva 90 días en España. Una de sus opciones sería intentar empadronarse y esperar esos 90 días, pero eso supondría estar más de 12 semanas sin atención sanitaria, sin seguimiento al embarazo ni acceso al aborto. Para cuando cumpliera los 90 días probablemente habría excedido el plazo legal de 14 semanas para el aborto libre.

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