Una alimentación que incluye con relativa frecuencia grasas saturadas, productos industriales procesados, azúcares añadidos y harinas ultra refinadas pasa una factura a la salud que, a medio plazo, es difícil de saldar. Pero ahora, el coste a asumir también será económico: alimentarse mal saldrá más caro. El nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, así lo hizo público esta semana. Anunció la necesidad de tomar medidas de distinta naturaleza contra los alimentos menos saludables y en «dos o tres semanas» hará públicas las líneas maestras de la estrategia de su departamento.
Queda claro que la conocida como ‘comida basura’ está en el centro de la diana del nuevo Gobierno. ¿El objetivo? Contrarrestar el avance de la obesidad, ya catalogada como epidemia, y las demás enfermedades que provoca. Es un nuevo mal endémico de toda la sociedad occidental desarrollada. Y en España, el último estudio oficial publicado habla de un 25% de la población obesa o con sobrepeso. Entre las medidas citadas se encuentra más formación para la población y mejor información, a través, por ejemplo, del etiquetado de los alimentos. Pero la que más resonó fue otra: la de gravar con impuestos los alimentos menos saludables. No concretó. Solo dijo que sí era una medida que contemplaban, que estaban «estudiando». Pero a falta de datos, y según la experiencia de otros países europeos, las bebidas azucaradas están en primera línea del debate.
EXPERIENCIAS PREVIAS:
4,7%
es el porcentaje de calorías que rebajaría la población en España con un impuesto del 20% a bebidas azucaradas. El peso medio bajaría en 725 gramos al año, según los médicos de Familia.
Reino Unido.
Desde 2018, grava el azúcar añadido en bebidas por encima de 5 gr/100ml con 23 céntimos y con 31 las que superan los 8 gr/100ml.
Francia.
Desde 2012, es de 11 cént./1,5 litro de bebida azucarada. También se gravan la sal y los condimentos en alimentos.
Hungría.
La tasa es de 2 cént./l si el azúcar añadido supera los 8 gr/ml desde 2012. » Leer más