Las autoridades colombianas están investigando el hallazgo de una fosa común en la localidad de Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste del país), en la que se estima que puede haber más de 50 civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como falsos positivos. «Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate», ha escrito este sábado la Justicia Especial para la Paz (JEP) en un comunicado.
Ese tribunal, que nació del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, ha detallado que las víctimas vivían en Medellín, capital de Antioquia, tenían edades comprendidas entre los 15 y los 56 años, y que es posible que algunos de ellas estuvieran «en condición de discapacidad». Como falsos positivos se conoce en Colombia la práctica extendida en el Ejército de asesinar civiles que eran presentados luego como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios en forma de ascensos, condecoraciones o permisos.
La JEP ha resaltado que las víctimas estaban enterradas en el cementerio Las Mercedes del municipio de Dabeiba, a unos 200 kilómetros al noroeste de Medellín, donde hasta la fecha han sido exhumados «siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos». «Adicionalmente, hasta la fecha se han recuperado numerosas estructuras y fragmentos óseos de otras posibles víctimas», ha añadido la JEP, que ha anunciado también que el Instituto Nacional de Medicina Legal será la entidad encargada de identificar los restos.
El tribunal ha señalado que estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria y que las pesquisas se iniciaron después de que un exintegrante del Ejército «indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado»: «Dicha información fue contrastada con un conjunto de pruebas».
Hasta el momento, la Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de falsos positivos que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.