Canadá, junto con una treintena de países (como Estados Unidos y México), otorga la ciudadanía de manera automática a todo aquel que nazca en su territorio, bajo el principio del ius soli. “Este derecho se aplica a todo individuo nacido en el país, sin importar el estatus de sus padres en el territorio, salvo para los hijos de los diplomáticos acreditados”, recoge la ley sobre la ciudadanía. Sin embargo, diversas voces piden que se lleve a cabo una reforma para endurecer los criterios, tal y como ya ha ocurrido en Australia, Reino Unido o la República Dominicana.
La razón es el aumento en los casos de turismo de partos o bebés pasaporte, como se conoce a la práctica que consiste en que una pareja o una mujer, que no tienen residencia permanente o sin ser canadienses, entran al país con la finalidad de que el bebé obtenga de forma automática la nacionalidad al nacer. Los contrarios a esta práctica consideran esta acción como un abuso ante la buena fe de Canadá y señalan que con ello se ralentizan los servicios en los hospitales.
La prensa de Ontario y Quebec ha publicado desde hace varios años casos de personas que han llegado a dichas provincias con esta finalidad. Sin embargo, el epicentro de esta práctica está situado en la Columbia Británica, especialmente en Richmond, una ciudad de la zona metropolitana de Vancouver. La mitad de sus residentes son de ascendencia china y, de acuerdo con datos publicados por las autoridades de salud de Vancouver, el hospital de Richmond registró 474 nacimientos en 2017 por parte de madres sin residencia permanente, un 22,1% de los partos totales. En 2015, era del 15,1%.
Una investigación del diario Vancouver Sun, publicada en 2016, mostró que más de 20 casas en Richmond eran en realidad albergues para recibir a mujeres procedentes de China que deseaban dar a luz en Canadá, por medio de agencias que operan en el país asiático y en el norteamericano. Kerry Starchuk, una canadiense residente en Richmond,